Manifiesto sobre el futuro de Europa: un destino compartido – 2 – Principios constitucionales

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Principios constitucionales.

Para mayor claridad y transparencia, el actual Tratado sobre la Unión europea (TUE), el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión europea (TFUE), el Tratado Euratom y la Carta de los derechos fundamentales deberían ser simplificados y condensados en un único tratado constitucional.

Sería necesario que se hiciera referencia en el mismo a los símbolos de la Unión: la bandera, el himno, la divisa y el día festivo del 9 de mayo. Esta insigne simbología es muy adecuada para una Unión soberana.

La UE está obligada por las tratados a respetar las constituciones propias de los Estados, de las regiones y de los municipios– Artículo 4 TUE-. A cambio, el nuevo tratado debería exigir a los Estados, cuando estos reformen sus propias constituciones, que se asegure la compatibilidad de las modificaciones previstas con los deberes resultantes de su pertenencia a la UE. Particularmente, estos comprenden la independencia de la justicia, la primacía del derecho europeo y el principio de cooperación leal con los otros socios y las instituciones dela UE.

Otra nueva disposición podría añadirse con el fin de clarificar el hecho de que el Parlamento europeo y el Consejo de la Unión europea constituyen las dos cámaras del poder legislativo y las dos ramas de la autoridad presupuestaria de la UE, y que la Comisión es nombrada por el poder legislativo, siendo responsable ante el mismo –Artículo 10 TUE-.

El campo de aplicación de la Iniciativa ciudadana europea debería ser ampliado. El número de ciudadanos requeridos debería poder reclamar de las instituciones que tomen iniciativas tanto legislativas como políticas, como por ejemplo en asuntos exteriores –Artículo 11 TUE-.

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La divisa de la Unión Europea es Unidad en la diversidad (y no el Euro, como algunos pensaban…) – Fuente.

Hay dos temas especialmente sensibles en la concepción de todo sistema federal: el equilibrio de poder entre los representantes del pueblo y los representantes de los Estados; y el peso de los diferentes Estados según su tamaño y su influencia. En la Unión europea, la composición y el sistema de voto en las dos cámaras del poder legislativo se han desarrollado de forma desordenada a lo largo de los años. Este es el momento de reformar el sistema en su conjunto, hablando al mismo tiempo del Parlamento y del Consejo.

Por lo que respecta al Parlamento, el nuevo tratado debería incluir una fórmula matemática respetando el principio de proporcionalidad decreciente en el reparto de los escaños entre Estados de una manera objetiva, honesta, duradera y transparente – Artículo 14(2) TUE. La proporcionalidad decreciente fue establecida finalmente en la decisión del Consejo europeo de junio de 2018 estableciendo la composición del Parlamento para el periodo entre 2019 y 2024-. La introducción de un método objetivo conllevaría la reducción de la actual sobrerrepresentación en el Parlamento de los Estados de tamaño mediano.

En el Consejo, actualmente se consigue una mayoría cualificada con el voto del 55 % de los Estados, que representen al 65 % de la población. Una minoría de bloqueo debe incluir al menos a cuatro Estados – Artículos 16 (4) TUE. Mucho más, una minoría de bloqueo que se oponga a un voto de la mayoría cualificada puede exigir que el Consejo continúe “deliberando” (Declaración nº 7 del Tratado de Lisboa)-.

Los Estados más pequeños obtienen beneficio del primer criterio y los más grandes del segundo. Con el Tratado de Niza (2001), el consejo votaba en base a un sistema de votos ponderados. La vuelta a este principio según una fórmula que diera un valor uniforme al voto de cada ciudadano reequilibraría la balanza en el Consejo a favor de los Estados de tamaño medio.

Tal reforma del conjunto de las dos cámaras del poder legislativo establecería un equilibrio más justo entre las instituciones, permitiría una mejor comprensión por parte de los ciudadanos, y dotaría a la Unión de un sistema más eficaz para hacer frente a los cambios demográficos así como a los cambios en el número de Estados miembros. Un enfoque más constitucional respondería también a las críticas formuladas por la Corte constitucional federal alemana con referencia a las disposiciones ad hoc adoptadas hasta ahora –Particularmente su sentencia del 30 de junio de 2009 sobre el Tratado de Lisboa-.

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